Columna de opinión, delegado Jorge Fernández.
A inicios de noviembre el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Una iniciativa robusta, que busca mejorar las pensiones actuales y futuras de las y los chilenos, dejando atrás el sistema que se ha mantenido en nuestro país durante más de 30 años y que ha generado una baja retribución para quienes han cumplido su periodo laboral en nuestro país, pese a que han contribuido toda su vida.
Hace unos años conocimos la historia de María Ojeda, profesora jubilada de Antofagasta, quien, a pesar de haber cotizado sin lagunas durante toda su vida laboral, obtuvo una jubilación que bordeaba los 185 mil pesos mensuales. Ese caso se ve reflejado en varios rostros en Chile. Y eso es algo que no queremos ni debemos tolerar, ya que no podemos permitir que la desigualdad siga ganando terreno. Es hora de nivelar hacia arriba.
Por eso, esta reforma contempla tres ejes claves: El fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que aumentaría a 250 mil pesos de forma inmediata; una nueva cotización de un 6% con cargo a los empleadores y la creación del Seguro Social y al fin del modelo de las AFP a través de la reorganización de la industria en el Pilar Contributivo.
Esto contribuiría a elevar las pensiones para todos, pero con especial énfasis en las jubilaciones de las mujeres quienes son las más afectadas con el actual sistema y cuyas pensiones podrían aumentar en más de un 50% en algunos casos, gracias a la compensación por la diferencia en la tabla de mortalidad, por el reconocimiento a las tareas de cuidado por cada periodo de inactividad por un tope de dos años y de la maternidad.
Ahora, me quiero detener en un punto para despejar cualquier duda: El proyecto plantea que los fondos son de las personas y, además, son heredables. Así que queremos darle garantía a las personas de que nadie va a tocar sus fondos de pensión, ya que todo este trabajo va encausado en una línea de acción que para el Gobierno es fundamental y que es la seguridad económica social, valorando por sobre todo el trabajo personas, fortaleciendo la libertad de elección de los afiliados y creando un sistema mixto, que incorpore un aporte de los empleadores y el ahorro individual para avanzar y tener, por fin, pensiones dignas.
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